Mauricio Macri firmó este jueves el inicio del proceso de traspaso de la Justicia Nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, pese al fuerte rechazo de los jueces y el gremio que conduce Julio Piumato, que amenazó con paros si el traspaso avanza.

En un acto en Casa Rosada, Macri y Horacio Rodríguez Larreta firmaron el convenio que da inicio del proceso de transferencia de los fueros Penal, Comercial y de Menores de la Justicia ordinaria a la órbita porteña, el que deberá ser aprobado por el Congreso Nacional y la Legislatura porteña.

Al respecto, el Presidente pidió que no se demore la ratificación. "Espero que en esta etapa, donde hemos puesto el diálogo como herramienta central para vincularnos, fruto de ese diálogo logremos las aprobaciones que nos permitan realmente empezar a mejorar", señaló Macri. 

El mandatario instó a “devolver las herramientas a quienes las tienen que manejar” y recordó que el traspaso jurisdiccional está contemplado en la reforma constitucional de 1994, como “una herramienta para que la Argentina funcione mejor”, y lamentó que posteriormente “no sé qué nos pasó”, que no se implementó.

Macri sostuvo que, de esta forma, la Ciudad “podrá contar con un Poder Judicial propio y responsable”, e insistió en que “sean sus propios legisladores los que decidan quiénes son los jueces”. Sobre ello, machacó en la necesidad de “separar” jurisdicciones, “para que la Justicia Nacional trate los problemas federales, como corresponde”.

En la misma línea, Rodríguez Larreta afirmó que esta iniciativa “es un paso muy importante para seguir trabajando en darle más seguridad a la gente”. “Claramente va de la mano del traspaso de la Policía, que ya se concretó. Y una vez concretado que la Ciudad maneje la Policía, es más que lógico que maneje la Justicia penal, con la que trabaja todos los días”, razonó.

GCBA

El jefe de Gobierno porteño envió un mensaje a los jueces y empleados judiciales que rechazan el traspaso. "Al igual que en el traspaso de la Policía, nadie pierde sus derechos, ni la antigüedad, ni los aportes previsionales, ni la obra social, ni el seguro médico", explicó. "Son reformas estructurales, así que puede haber opiniones diferentes, pero nadie debiera darse por sorprendido, porque es lo que la gente votó", se defendió.

Las críticas

La Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN), que lidera el moyanista Julio Piumato, reiteró su rechazo al "inconsulto e incostitucional" traspaso, y se declaró en estado de alerta y movilización.

"Los trabajadores no han sido consultados orgánicamente respecto al convenio que se firma, habiendo solo llegado a nuestros oídos algunos borradores que confirman que la metodología del mismo no considera en absoluto la voluntad de los trabajadores, equiparándolos prácticamente con bienes muebles", cuestionó la UEJN en un comunicado.

"Agravado ello por el estado en que se encuentra la Justicia de la Ciudad, que lejos de focalizar sus esfuerzos en el servicio de justicia, responde a un reparto comiteril que no prioriza la independencia Judicial sino los intereses y relaciones entre las distintas fuerzas políticas de la Ciudad, ni tiene en cuenta la carrera administrativa en función del esfuerzo y formación de sus trabajadores, sino de los contubernios políticos", agrega la nota, donde además se cuestiona que la firma del convenio se haga en plena feria judicial.

Julio Piumato

Por su parte, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) rechazó "enfáticamente" la transferencia y advirtió sobre "el riesgo de que este traspaso y el nombramiento futuro de magistrados obedezca a razones políticas".

"En el mismo sentido -sostuvo la entidad- advertimos la gravedad de enjuiciar y expulsar a esos magistrados con la mayoría simple de los miembros del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, conforme las normas allí vigentes".

La AMFJN sostuvo que "esta estabilidad precaria conspira sin duda contra el derecho de los habitantes de la ciudad a ser juzgados, acusados y defendidos por magistrados realmente independientes, resultando irreal que dicho traspaso pueda mejorar el servicio que a ellos se les presta, ya que seguirá siendo el mismo número de personas que en el mismo territorio atenderá idéntica cantidad de causas penales".

"En lo concerniente a los Ministerios Públicos, manifestamos que el traspaso previsto atenta contra las garantías de autonomía e independencia consagradas en el artículo 120 de la Constitución Nacional", añadió.

Por el contrario, el Defensor Adjunto porteño, Luis Duacastella, celebró el traspaso y aseguró que "es una gran paso que, sin dudas, fortalecerá la Defensa Pública y la acercará más a la ciudadanía”.